La actuación conjunta de los cónyuges

Tanto los actos de administración como los de disposición deben ser realizados con intervención de ambos cónyuges, con las excepciones que expondrán a continuación. Dichas funciones pueden llevarse a cabo bien mediante la coautoría del acto de administración o disposición, bien mediante la actuación de uno solo de los cónyuges, con el consentimiento expreso o tácito del otro.

Si el acto es realizado por uno solo de los cónyuges, el otro puede emitir su consentimiento tanto antes, como después, y tanto expresa como tácitamente.

Para los casos en los que uno de los cónyuges se niega injustificadamente a dar su consentimiento, o está impedido para prestarlo, el Código Civil prevé la posibilidad de acudir al juez a fin de que este autorice el acto o actos de que se trate.

Tratándose de actos de disposición a título oneroso, el juez podrá acordar excepcionalmente las limitaciones o cautelas que estime convenientes.

Por último, los actos de administración o disposición realizados por uno solo de los cónyuges sin el consentimiento del otro, cuando sea preciso, serán anulables a instacia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos. Por su parte, si el acto de disposición de un bien ganancial llevado a cabo por uno de los cónyuges es a título gratuito, la falta de consentimiento del otro determina la nulidad de pleno Derecho del acto en cuestión, a menos que se trate de liberalidades de uso.

Los bienes gananciales

Los bienes gananciales
¿Cuáles son los bienes gananciales?
  • Los bienes obtenidos por el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges.
  • Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales.
  • Los bienes o derechos adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.
  • Los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando hayan sido adquiridos con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad de gananciales será deudora del cónyuge de que se trate por el valor satisfecho a costa de su patrimonio.
  • Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos y el donante o testador no hubiere dispuesto lo contrario.
  • Los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio a los que los cónyuges atribuyan de común acuerdo la condición de gananciales, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que dicho precio se satisfaga.
  • Los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges.




Indemnización por responsabilidad extracontractual

Indemnización por responsabilidad extracontractual
Cuando se genera una responsabilidad que no provenga del incumplimiento de un contrato, da lugar a una indemnización por los daños y perjuicios causados. La responsabilidad extracontractual engloba aquellos supuestos que no nacen de un contrato pero sí suponen una obligación para aquella persona que ha causado el daño, bien de reparar el daño causado, bien de indemnizar por el mismo.

¿Algún ejemplo? Accidentes laborales, accidentes de tráfico, negligencias de médicos o arquitectos, ataques por personas o por animales de quien los tenga en su compañía, etc. Son muchos los supuestos que pueden provocar el nacimiento de una obligación de resarcir el daño. Por consiguiente, no dude en contactar con nuestros abogados de Marbella para que le asesoremos sobre su caso y las posibilidades para reclamar.

Nuestro objetivo es que obtenga el resarcimiento del daño reclamando la cuantía máxima, incluyendo el lucro cesante (lo que haya dejado de obtener como consecuencia del daño producido), los daños morales, lesiones al honor, la intimidad, la propia imagen, etc. Es esencial contar con los servicios de abogados profesionales en estas materias, ya que su defensa y exposición de hechos ante el Juez es relevante en la fijación de la indemnización. Conocemos el derecho mejor que nadie, consúltenos en Marbella.

Autorización de residencia para inversores

Autorización de residencia para inversores
Cuando un extranjero quiere invertir en España, tiene derecho a la obtención de una autorización de residencia especial. Puede tramitarla si desea permanecer en España durante más tiempo que el concedido por su visado.

Contacte con un despacho de abogados en Marbella.

¿Quién es inversor en España? Se entiende como tal aquella persona que sea propietaria de un bien inmueble por un importe mínimo de 500.000 euros, o bien sea inversor en una sociedad en este país. Para poder pedir la autorización, deberá haber solicitado primero el visado de residencia para inversores, (trámite en el que nuestros abogados también le ayudarán), y tenerlo en vigor. Además, deberá acreditar que ha venido a España al menos una vez durante el periodo autorizado por el visado. Si se diese el caso, también tendrá que haber cumplido con las obligaciones en materia fiscal y de Seguridad Social.

Una vez obtenida la autorización, que se prevé que sea en un plazo aproximado de veinte días desde la solicitud, su duración inicial es de dos años, pero se puede ir renovando cuantas veces se quiera. El único requisito será mantener al día los requisitos explicados antes, ya que la Administración General del Estado puede adoptar medidas para comprobar la legalidad de la situación.

Si desea tramitar la autorización, nuestros abogados le ofrecen toda la asesoría y asistencia que necesita. Contacte nuestro despacho en Málaga, hablamos varios idiomas puesto que nuestro deseo es mejorar así el trato con cualquier cliente, y por ello también el servicio prestado.

Impugnación de acuerdos de la Junta de Propietarios

Impugnación de acuerdos de la Junta de Propietarios
¿Es propietario de una vivienda y no está de acuerdo con las decisiones de la Junta? Si reside en Málaga o Marbella, nuestro despacho especializado en Derecho Inmobiliario le queda muy cerca para ayudarle.

¿Quiere saber cuándo podrá llevar a los tribunales los acuerdos de la Junta? Nuestros abogados comprobarán que los acuerdos sean contrarios a la ley o a los estatutos de su comunidad, que resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o que supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

¿Quién puede impugnar los acuerdos? Para que nuestro equipo pueda ayudarle, deberá haber votado en contra, abstenerse de votar o no haber podido hacerlo, tal y como nos muestra el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

¿Conoce el plazo para imponer los acuerdos? Es importante que nos contacte cuanto antes ya que disponemos de sólo tres meses desde que se adoptó el acuerdo para impugnarlo, a no ser que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año.

Si tiene alguna pregunta más, no dude en contactarnos, estamos a su disposición cuando necesite.

Tipos de visados para extranjeros

Los ciudadanos de algunos países deben conseguir ciertos visados si desean entrar y residir en España. Si tiene dudas acerca de si necesita un visado o quiere saber cómo regularizar su situación, no dude en consultar son su abogado. ¿Qué tipo de visado necesita y cómo se pide? Nosotros le ayudamos. Estos son algunos de los visados más habituales.

Visado de estancia: para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un periodo cuya duración total no exceda de tres meses a partir de la fecha de la primera estancia.

Visado de residencia y trabajo: permite la entrada y estancia por un período máximo de tres meses para comenzar una actividad laboral o profesional. En ese plazo, el trabajador deberá darse de alta en la Seguridad Social como trabajador.

Visado de residencia y trabajo de temporada: otorga capacidad para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

Visado para estudios o investigación: permite permanecer en España para asistir a cursos, estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.

También existen visados de residencia no lucrativa, cuando se pretenda residir sin trabajar; visado de tránsito; de residencia para actividad empresarial; visados de residencia por inversión en inmuebles o por compra de vivienda en España. etc.

Indemnización por daños y perjuicios

La indemnización por daños y perjuicios es la acción que tiene el acreedor para exigir de su deudor, que ha causado un daño, una cantidad de dinero que equivalga a la utilidad o beneficio que se le reportó en cumplimiento de una obligación o contrato, o por la reparación del mal que se haya podido causar.

Es el Código Civil el que establece que quedarán sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad. Las indemnizaciones por daños y perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su procedencia. 

Por un lado, las contractuales son las que el deudor debe hacer frente si incumple una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. Por otro lado, las extra-contractuales son aquellas que su causa se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas.

Esta indemnización es preferentemente de carácter pecuniario (salvo en determinados supuestos), por lo que se debe proceder a valorar econonómicamente distintos aspectos. La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se haya dejado de obtener el acreedor: el daño emergente es el daño o pérdida sufrida por el acreedor y el lucro cesante la ganancia dejada de obtener a consecuencia del incumplimiento contractual o de la acción u omisión generadora de la responsabilidad extra-contractual.

El juicio de faltas

¿Ha sufrido un accidente de coche? ¿Ha dado positivo en un control de alcoholemia? ¿Le han amenazado o coaccionado? ¿Ha sufrido un hurto? ¿Han dejado de pagarle la pensión alimenticia a su hijo menor? El procedimiento penal habitual para este tipo de cuestiones es el juicio de faltas. Se trata de un proceso rápido y sencillo para este tipo de acciones penales que no llegan a constituir delito por el resultado final que han provocado.

Normalmente, el plazo para que interpongamos la denuncia es de seis meses de la fecha en la que se cometió el acto. Por tanto, se trata de un periodo breve que deberemos tener en cuenta para no perder la oportunidad de denunciar mediante esta vía. Una vez denunciado, el Médico Forense si ha habido daños, o los peritos judiciales, valorarán todos los daños causados. Así, se dará inicio al juicio.

El Juez decidirá sobre los datos y pruebas que se le den, e impondrá la pena final. Con este tipo de juicios, lo que podemos esperar como pena son multas económicas cuyo importe quedará determinado en función de la gravedad de la falta y los ingresos del condenado; la privación de algún permiso (por ejemplo, el permiso de conducir o un permiso de armas); localización permanente, o trabajos en beneficio de la comunidad.

Si no quedamos satisfechos con la sentencia, la ley nos ofrece un plazo de cinco días desde la notificación para recurrir por medio del recurso de apelación. Esta sentencia será la definitiva que el Juez mandará ejecutar.

Revelación de secretos

Esta figura se encuentra regulada en el artículo 197.4 del Código Penal. Según el referido artículo [se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior].

Como vemos, la difusión de los secretos o datos descubiertos ilícitamente supone un daño considerable a la intimidad y, por ello, se castiga con una pena superior a la que correspondería a un mero supuesto de apoderamiento o intromisión. Sin embargo, la conducta de quien revela tales datos sin haber tomado parte en su descubrimiento se considera de menor gravedad. En este último caso, el Código Penal exige expresamente que el sujeto conozca que la información revelada tiene un origen ilícito, no siendo punibles los supuestos en que tal circunstancia fuera ignorada.

Homicidio imprudente

Homicidio imprudente
El homicidio cometido por una imprudencia grave del sujeto pasivo es castigado como delito en el artículo 142 del Código Penal. Además, la falta del artículo 621.2 prevé el castigo por el homicidio que se produce como consecuencia de una imprudencia leve o infracción menor.

La persecución de estas figuras penales se distingue ya que mientras que en el caso del delito, las autoridades podrán perseguirlo de oficio sin necesidad de denuncia, en el caso de la falta sí que se requiere la misma interpuesta por la persona que ha resultado agraviada. Hay que recordar que los procesos de faltas suelen dar lugar al reconocimiento de una responsabilidad civil ya que dadas las especialidades de la vía penal es más fácil que lo que resultaría de la vía civil.

La ley penal reconoce distintos supuestos de homicidio imprudente en función de los medios que intervengan en la comisión de este delito. Es el caso de los homicidios imprudentes cometidos con vehículos a motor o por el uso de armas. Junto a la pena de privación de libertad, en estos preceptos se recogen otras penas que guardan relación con la actividad que se desarrollaba en el momento de cometer la imprudencia.

Asesoramiento On-Line

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El lucro cesante

El lucro cesante
El artículo 1.106 del Código Civil determina el concepto de lucro cesante como la ganancia que ha dejado de obtener un sujeto acreedor como consecuencia de un hecho. Esta ganancia es una lesión patrimonial cuyo contenido viene dado por la pérdida del incremento patrimonial neto que se hubiera obtenido en el caso de que no hubieran sucedido los hechos que constituyen un incumplimiento o ilícito que es ocasionado por un tercero responsable.

Los Tribunales exigen para el reconocimiento de una indemnización por lucro cesante que exista una valoración de la prueba de existencia del mismo y que a la hora de cuantificarlo se aplique un criterio restrictivo. Además, es necesario que se acredite el nexo causal entre el acto ilícito y el incremento patrimonial que se ha dejado de percibir.

El perjudicado, que habitualmente es el que interpone una demanda ante los Tribunales para recuperar aquello en lo que ha sido afectado, es en el que recae la carga de la prueba y, por lo tanto, el que tendrá que poner en conocimiento del Juez mediante los medios que estime oportunos (contabilidad, declaraciones de ingresos anteriores, etc.) el perjuicio supuestamente causado y la existencia del lucro cesante reclamado.


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