Razones para oponerse a una ejecución hipotecaria

¿Le ha llegado una notificación de ejecución hipotecaria? Si su banco ha iniciado un procedimiento judicial debido al impago de la hipoteca que en su día contrató usted y ya le ha sido notificada la demanda, lo más importante es que tenga en cuenta el plazo de oposición a la ejecución hipotecaria y los motivos que en virtud de lo dispuesto en la ley tiene para oponerse. Pero, ¿de qué plazo estamos hablando? De diez días hábiles, que deberá empezar a contar a partir del día siguiente a la notificación de la demanda y del despacho a ejecución por parte del Juzgado.

En cuanto a los motivos por los que podrá usted oponerse, éstos son muy concretos:
  • Una de las razones, será que se haya producido la extinción de la garantía o de la obligación garantizada, la que deberá usted acreditar presentando la certificación del Registro que exprese la cancelación de la hipoteca o, en su defecto, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.
  • Otro de los motivos, descansará sobre el hecho de que se haya producido un error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada represente el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. En tal caso, el ejecutado, deberá aportar una copia de su libreta en la que consten los asientos de dicha cuenta. No obstante, únicamente se admitirá la oposición cuando el referido saldo difiera del que resulte de la presentada por el ejecutante.
  • Razón para oponerse será también, cuando en los supuestos de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, se haya producido la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento. Dicha sujeción, deberá acreditarse a través de la necesaria certificación registral.
  • Por último, será también motivo suficiente para oponerse a la ejecución, el carácter abusivo de una o varias cláusulas contractuales, cuando éstas constituyan el fundamento de la ejecución o hubiesen determinado la cantidad exigible.


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