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El despacho de CENTURY ABOGADOS cuenta con abogados que le ofrecen la mejor asistencia en los distintos ámbitos del Derecho: extranjería, civil, familia y sucesiones, indemnizaciones, reclamaciones o defensa penal.

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¿Las injurias son un delito?

La injuria es un delito contra el honor. Se entiende el honor en dos aspectos. El primero es el normativo, que se vincula a la dignidad humana inherente a toda persona. El segundo aspecto es el fáctico, que se vincula con la autoestima, y con la forma de reputación social.

El honor aparece como un atributo de la personalidad que posee toda persona. El honor se definiría como el derecho de toda persona a ser respetada por los demás. El bien jurídico del honor debe vincularse a este aspecto normativo, de manera que la autoestima o reputación social aparezcan como condiciones de la dignidad humana, con relación a la protección del bien jurídico.

La injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad humana de otra persona. Se distinguen varias clases de injurias, que consisten en expresiones que pueden ser expresadas verbalmente o por escrito, o de un modo simbólico (caricaturas). Dentro de estas injurias en expresiones, hay que distinguir las que consisten en juicios de valor o en imputación de hechos. Es relevante la distinción por varios hechos (para saber si es una falta o delito, o para saber las agravantes). El honor no se protege solo por el Código Penal. De hecho, se reconoce más en el Derecho Civil.

Solo las injurias graves constituyen delito. La gravedad depende de muchos factores, que se valoran caso por caso. Depende de la posición social, el ámbito geográfico, las relaciones entre el sujeto activo y el pasivo, etc. En las injurias que consisten en imputación de hechos, el legislador apunta un criterio adicional para distinguir entre delito y falta (conocimiento de la falsedad y temerario desprecio hacia la verdad). La falsedad no es la objetiva, no se refiere a que el hecho imputado sea objetivamente falso, sino que se refiere a la actitud del sujeto activo hacia la verdad. Es la falsedad subjetiva (que el sujeto activo imputa algo que es falso o no es verdad sí es falta grave). Si el sujeto activo cree que el hecho que imputa es verdadero (veracidad subjetiva), solo podrá aplicarse la falta de injurias.

Hay que tener en cuenta que los hechos imputados no han de ser constitutivos de delito, porque si es así, estamos ante un delito de calumnias (tipo agravado de las injurias).

Reagrupación familiar

Los extranjeros residentes en España que han renovado su autorización inicial de residencia y trabajo y tienen este permiso durante, al menos, un año más pueden solicitar la reagrupación familiar con el fin de reunir a los miembros de su familia en territorio español.

¿Qué más hace falta? Nuestros abogados en Marbella, expertos en derecho de extranjería, se lo explican.

Aparte de lo ya mencionado, se tiene que demostrar que se dispone de un alojamiento adecuado y medios de subsistencia suficientes para atender los gastos propios y los de tu familia.

¿Quién puede ser reagrupado?

En primer lugar, el cónyuge o persona con la que el solicitante de la reagrupación o reagrupante mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal, inscrita en un registro público. No se permite la reagrupación de más de un cónyuge o pareja, de modo que si se está casado por segunda vez o posterior, se debe acreditar la disolución y la situación del anterior cónyuge o pareja y sus familiares.

Además, son objeto de reagrupación los hijos del reagrupante y del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados, menores de dieciocho años o incapacitados. En el caso de hijos de uno solo de los cónyuges o miembros de la pareja, éste deberá ejercer en solitario la patria potestad o que se acredite que se le ha otorgado la custodia y esta efectivamente a su cargo. Los representados legalmente por el reagrupante, menores de dieciocho años o incapacitados también podrán ser reagrupados.

Por último, es posible reagrupar a los ascendientes del reagrupante o a los de su cónyuge, siempre y cuando se sea titular de una autorización de residencia de larga duración, si se encuentran a su cargo y existen razones que justifiquen la necesidad de que residan en España.

La solicitud de reagrupación familiar se realiza en la Oficina de Extranjería de la provincia en la que resida el reagrupante.

Invertir durante la crisis

Los últimos años, a nivel de inversiones, están siendo dominados por la inseguridad y desconfianza en instituciones que antes daban seguridad. Antes de la crisis, nadie dudada del banco y tampoco del compromiso de los estados con el cumplimiento de contratos sociales establecidos. Recuperar la credibilidad requiere una estabilidad de los mercados financieros que aún no se acaba de lograr, y también una apuesta seria de los gobiernos por el mantenimiento del sistema de pensiones públicas.

Pero de todo lo malo se puede extraer algo bueno. Por ejemplo, se ha demostrado que quienes mejor han aguantado la crisis han sido aquellos que tuvieron la capacidad y la previsión de generar ahorros, y supieron o tuvieron la suerte de colocarlos en depósitos de seguros, porque ahora les han servido de colchón para sobrellevar una pérdida de empleo o reducción de ingresos.

Otra de las incógnitas que deja la crisis es saber si con la recuperación económica se va a mantener la costumbre tan extendida entre españoles de invertir los ahorros en la compra de una vivienda, o si tras la experiencia traumática del pinchazo de la burbuja inmobiliaria se van a cambiar los hábitos y buscar nuevas formas de inversión. Como dato curioso, en Alemania, por ejemplo, que tiene una de las tasas más elevadas de ahorro financiero de la OCDE, sólo el 53,2% de las familias tienen su vivienda en propiedad. No está de moda comprar. En España ese porcentaje alcanza el 83% pese al frenazo de los últimos ocho años. El perfil del ahorrador alemán, con todo, es como el español: el 40,4% tiene su dinero en depósitos y cuentas en efectivo.

¿Cuáles son las tendencias para los años a venir? Desde nuestro despacho de abogados de Sevilla, destinamos nuestros mejores recursos a realizar intensos estudios del mercado de inversiones para poder ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento. Día a día, le mantendremos al tanto de la actualidad económica del país y las tendencias, para poder asesorarle en todo momento sobre dónde y cómo llevar a cabo sus inversiones, y en concreto, en derecho inmobiliario.

Ingreso en el CIE

Si ha recibido un decreto de expulsión, ¿sabe qué tiene que hacer? Lo primero de todo, contactar con nuestros abogados. Después, comparecer ante el juez, que decidirá si debe ser internado o no en un CIE. Para evitarlo, el abogado tiene que convencer al juez de que no hay riesgo de fuga y que si le van a sancionar con multa o expulsión puede esperar la decisión final en su casa, sin necesidad de que se le prive de libertad. Para ello, es muy importante que colabore con su abogado rápidamente dándole, por medio de tus familiares o amigos, documentos que prueben un domicilio conocido y que tiene el permiso de arraigo en España. ¿Quiere saber qué documentos necesita?
  • Empadronamiento.
  • Documentación de familiares.
  • Contrato de alquiler de vivienda.
  • Cualquier tipo de documentación que acredite el arraigo en España.
  • Documentación que acredite estar en vía de regularización o en algún procedimiento judicial, laboral, contencioso- administrativo, etc.
Lo más importante para un extranjero es guardar siempre esta documentación bien ordenada y en algún lugar localizable para que sus familiares o amigos puedan encontrarla rápidamente y entregarla al abogado, que trabajará contra reloj para que no te expulsen. Si, a pesar de todo, se ordena su internamiento en el CIE, nuestros abogados interpondrán un recurso de reforma ante el Juez, o de apelación ante la Audiencia Provincial. Debe saber que, como mucho, el internamiento durará 60 días. Cuando la policía detiene a una persona por no tener papeles, no siempre se pide al juez el ingreso en un CIE. Puede ocurrir que no haya sitio en el CIE y la policía la deje en libertad. Si usted no tiene antecedentes penales, aumentan considerablemente las probabilidades que no ingreses en el CIE. Si necesita la ayuda de un abogado, no dude en visitar ya nuestro despacho en Marbella. Somos expertos en la paralización de decretos de expulsión.

La actuación conjunta de los cónyuges

Tanto los actos de administración como los de disposición deben ser realizados con intervención de ambos cónyuges, con las excepciones que expondrán a continuación. Dichas funciones pueden llevarse a cabo bien mediante la coautoría del acto de administración o disposición, bien mediante la actuación de uno solo de los cónyuges, con el consentimiento expreso o tácito del otro.

Si el acto es realizado por uno solo de los cónyuges, el otro puede emitir su consentimiento tanto antes, como después, y tanto expresa como tácitamente.

Para los casos en los que uno de los cónyuges se niega injustificadamente a dar su consentimiento, o está impedido para prestarlo, el Código Civil prevé la posibilidad de acudir al juez a fin de que este autorice el acto o actos de que se trate.

Tratándose de actos de disposición a título oneroso, el juez podrá acordar excepcionalmente las limitaciones o cautelas que estime convenientes.

Por último, los actos de administración o disposición realizados por uno solo de los cónyuges sin el consentimiento del otro, cuando sea preciso, serán anulables a instacia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos. Por su parte, si el acto de disposición de un bien ganancial llevado a cabo por uno de los cónyuges es a título gratuito, la falta de consentimiento del otro determina la nulidad de pleno Derecho del acto en cuestión, a menos que se trate de liberalidades de uso.

Los bienes gananciales

Los bienes gananciales
¿Cuáles son los bienes gananciales?
  • Los bienes obtenidos por el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges.
  • Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales.
  • Los bienes o derechos adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.
  • Los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando hayan sido adquiridos con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad de gananciales será deudora del cónyuge de que se trate por el valor satisfecho a costa de su patrimonio.
  • Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos y el donante o testador no hubiere dispuesto lo contrario.
  • Los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio a los que los cónyuges atribuyan de común acuerdo la condición de gananciales, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que dicho precio se satisfaga.
  • Los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges.




Indemnización por responsabilidad extracontractual

Indemnización por responsabilidad extracontractual
Cuando se genera una responsabilidad que no provenga del incumplimiento de un contrato, da lugar a una indemnización por los daños y perjuicios causados. La responsabilidad extracontractual engloba aquellos supuestos que no nacen de un contrato pero sí suponen una obligación para aquella persona que ha causado el daño, bien de reparar el daño causado, bien de indemnizar por el mismo.

¿Algún ejemplo? Accidentes laborales, accidentes de tráfico, negligencias de médicos o arquitectos, ataques por personas o por animales de quien los tenga en su compañía, etc. Son muchos los supuestos que pueden provocar el nacimiento de una obligación de resarcir el daño. Por consiguiente, no dude en contactar con nuestros abogados de Marbella para que le asesoremos sobre su caso y las posibilidades para reclamar.

Nuestro objetivo es que obtenga el resarcimiento del daño reclamando la cuantía máxima, incluyendo el lucro cesante (lo que haya dejado de obtener como consecuencia del daño producido), los daños morales, lesiones al honor, la intimidad, la propia imagen, etc. Es esencial contar con los servicios de abogados profesionales en estas materias, ya que su defensa y exposición de hechos ante el Juez es relevante en la fijación de la indemnización. Conocemos el derecho mejor que nadie, consúltenos en Marbella.

Autorización de residencia para inversores

Autorización de residencia para inversores
Cuando un extranjero quiere invertir en España, tiene derecho a la obtención de una autorización de residencia especial. Puede tramitarla si desea permanecer en España durante más tiempo que el concedido por su visado.

¿Quién es inversor en España? Se entiende como tal aquella persona que sea propietaria de un bien inmueble por un importe mínimo de 500.000 euros, o bien sea inversor en una sociedad en este país. Para poder pedir la autorización, deberá haber solicitado primero el visado de residencia para inversores, (trámite en el que nuestros abogados también le ayudarán), y tenerlo en vigor. Además, deberá acreditar que ha venido a España al menos una vez durante el periodo autorizado por el visado. Si se diese el caso, también tendrá que haber cumplido con las obligaciones en materia fiscal y de Seguridad Social.

Una vez obtenida la autorización, que se prevé que sea en un plazo aproximado de veinte días desde la solicitud, su duración inicial es de dos años, pero se puede ir renovando cuantas veces se quiera. El único requisito será mantener al día los requisitos explicados antes, ya que la Administración General del Estado puede adoptar medidas para comprobar la legalidad de la situación.

Si desea tramitar la autorización, nuestros abogados le ofrecen toda la asesoría y asistencia que necesita. Contacte nuestro despacho en Málaga, hablamos varios idiomas puesto que nuestro deseo es mejorar así el trato con cualquier cliente, y por ello también el servicio prestado.

Impugnación de acuerdos de la Junta de Propietarios

Impugnación de acuerdos de la Junta de Propietarios
¿Es propietario de una vivienda y no está de acuerdo con las decisiones de la Junta? Si reside en Málaga o Marbella, nuestro despacho especializado en Derecho Inmobiliario le queda muy cerca para ayudarle.

¿Quiere saber cuándo podrá llevar a los tribunales los acuerdos de la Junta? Nuestros abogados comprobarán que los acuerdos sean contrarios a la ley o a los estatutos de su comunidad, que resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o que supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

¿Quién puede impugnar los acuerdos? Para que nuestro equipo pueda ayudarle, deberá haber votado en contra, abstenerse de votar o no haber podido hacerlo, tal y como nos muestra el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

¿Conoce el plazo para imponer los acuerdos? Es importante que nos contacte cuanto antes ya que disponemos de sólo tres meses desde que se adoptó el acuerdo para impugnarlo, a no ser que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año.

Si tiene alguna pregunta más, no dude en contactarnos, estamos a su disposición cuando necesite.

Tipos de visados para extranjeros

Los ciudadanos de algunos países deben conseguir ciertos visados si desean entrar y residir en España. Si tiene dudas acerca de si necesita un visado o quiere saber cómo regularizar su situación, no dude en consultar son su abogado. ¿Qué tipo de visado necesita y cómo se pide? Nosotros le ayudamos. Estos son algunos de los visados más habituales.

Visado de estancia: para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un periodo cuya duración total no exceda de tres meses a partir de la fecha de la primera estancia.

Visado de residencia y trabajo: permite la entrada y estancia por un período máximo de tres meses para comenzar una actividad laboral o profesional. En ese plazo, el trabajador deberá darse de alta en la Seguridad Social como trabajador.

Visado de residencia y trabajo de temporada: otorga capacidad para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

Visado para estudios o investigación: permite permanecer en España para asistir a cursos, estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.

También existen visados de residencia no lucrativa, cuando se pretenda residir sin trabajar; visado de tránsito; de residencia para actividad empresarial; visados de residencia por inversión en inmuebles o por compra de vivienda en España. etc.

Indemnización por daños y perjuicios

La indemnización por daños y perjuicios es la acción que tiene el acreedor para exigir de su deudor, que ha causado un daño, una cantidad de dinero que equivalga a la utilidad o beneficio que se le reportó en cumplimiento de una obligación o contrato, o por la reparación del mal que se haya podido causar.

Es el Código Civil el que establece que quedarán sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad. Las indemnizaciones por daños y perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su procedencia. 

Por un lado, las contractuales son las que el deudor debe hacer frente si incumple una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. Por otro lado, las extra-contractuales son aquellas que su causa se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas.

Esta indemnización es preferentemente de carácter pecuniario (salvo en determinados supuestos), por lo que se debe proceder a valorar econonómicamente distintos aspectos. La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se haya dejado de obtener el acreedor: el daño emergente es el daño o pérdida sufrida por el acreedor y el lucro cesante la ganancia dejada de obtener a consecuencia del incumplimiento contractual o de la acción u omisión generadora de la responsabilidad extra-contractual.

El juicio de faltas

¿Ha sufrido un accidente de coche? ¿Ha dado positivo en un control de alcoholemia? ¿Le han amenazado o coaccionado? ¿Ha sufrido un hurto? ¿Han dejado de pagarle la pensión alimenticia a su hijo menor? El procedimiento penal habitual para este tipo de cuestiones es el juicio de faltas. Se trata de un proceso rápido y sencillo para este tipo de acciones penales que no llegan a constituir delito por el resultado final que han provocado.

Normalmente, el plazo para que interpongamos la denuncia es de seis meses de la fecha en la que se cometió el acto. Por tanto, se trata de un periodo breve que deberemos tener en cuenta para no perder la oportunidad de denunciar mediante esta vía. Una vez denunciado, el Médico Forense si ha habido daños, o los peritos judiciales, valorarán todos los daños causados. Así, se dará inicio al juicio.

El Juez decidirá sobre los datos y pruebas que se le den, e impondrá la pena final. Con este tipo de juicios, lo que podemos esperar como pena son multas económicas cuyo importe quedará determinado en función de la gravedad de la falta y los ingresos del condenado; la privación de algún permiso (por ejemplo, el permiso de conducir o un permiso de armas); localización permanente, o trabajos en beneficio de la comunidad.

Si no quedamos satisfechos con la sentencia, la ley nos ofrece un plazo de cinco días desde la notificación para recurrir por medio del recurso de apelación. Esta sentencia será la definitiva que el Juez mandará ejecutar.


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